Puerto Rico: Deseada, Usada y Agotada

Puerto Rico: Deseada Usada y Agotada
This article was originally posted in English and is also available in Italian. Este artículo fue publicado originalmente en inglés y también está disponible en italiano.
 
Desde que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, anunció que las obligaciones del país eran impagables, los medios de comunicación han demostrado mucho interés en el archipiélago. Con una deuda pública que ronda los setenta mil-millones de dólares, una población en declive y un estatus político que denota subordinación, el territorio estadounidense actualmente se encuentra en un momento único en su historia. No obstante, a pesar de toda la atención que recibe Puerto Rico actualmente, la población en general no cuenta con una explicación clara de cómo comenzó la crisis actual.
 
Este desconocimiento se puede explicar si consideramos que Puerto Rico ha sido un tema poco discutido; rezagado a ser un mero destino turístico. Aunque ha mantenido una relación política con Estados Unidos desde 1898, no es hasta ahora que la mayoría de la ciudadanía de la metrópolis conocen de la existencia del territorio. Como resultado, se ha construido una imagen incompleta de su crisis económica, dificultando aún más los intentos a explicar su insolvencia histórica. Para superar este obstáculo, y lograr un entendimiento adecuado, es necesario volver al siglo diecinueve y considerar brevemente los momentos más importantes en la historia de Puerto Rico.
 
DESEADA
 
A fines del siglo diecinueve, una ideología “expansionista” predominaba en los Estados Unidos, motivando a la nación americana a buscar nuevas tierras más allá de sus fronteras naturales. Al mismo tiempo, Estados Unidos deseaba asegurar su acceso a las vías marítimas del canal de Panamá y el Canal de Nicaragua, por ser las principales rutas entre el océano Pacifico y el Atlántico. Cualquiera de los dos canales ofrecería ventajas, tanto económicas como bélicas, ya que permitiría que la nación estadounidense pudiera transportar su fuerza naval de manera rápida para proteger su costa este y oeste.
 
Para lograr sus objetivos, la nación norteamericana tenía que establecer una presencia naval agresiva en ciertos puntos estratégicos en el mundo. Debido a su posición geográfica, Puerto Rico se convirtió en un territorio muy deseado por el imperio estadounidense. Así pues, el 25 de julio de 1898, los Estados Unidos invadió el archipiélago durante la Guerra Hispanoamericana. Ese mismo año, España y Estados Unidos de Norteamérica firmaron el Tratado de Peris, obligando a España a ceder varias de sus colonias, incluyendo a Puerto Rico; una de las posiciones más cruciales para asegurar la dominación de la fuerza naval estadounidense. Así lo afirmó el Capitan Alfred Thayer Mahn cuando en 1899 escribió:
Para fines militares, Puerto Rico es tan crucial para el aseguramiento de Cuba, el canal ístmico, y nuestra costa pacífica, como es, o será, la isla de Malta para el control de Egipto y más allá; y tenemos actualmente una necesidad similar de controlar y fortalecer a Puerto Rico, tanto en su totalidad como las áreas circundantes, como lo tiene Gran Bretaña en proteger la isla de Malta para asegurar su presencia en Egipto, su uso del Canal de Suez y para controlar la ruta hacia India.
Por supuesto, en este momento el pueblo puertorriqueño estuvo totalmente excluido del proceso deliberativo ya que su destino sería configurado de acuerdo a las necesidades militares y bélicas de la nación más poderosa del planeta. Es decir, el papel que tuvo Puerto Rico en su propio desarrollo en esta etapa de su historia era igual al de una manzana cuando es tiempo de cosecha; es arrancada del árbol sin ser consultada.
 
USADA
 
A poco tiempo después de la invasión norteamericana, Puerto Rico fue violentamente arrebatado por el Huracán San Ciriaco, destruyendo el 90% de su cultivo de café. Más tarde, los Estados Unidos prohibió la circulación de la moneda puertorriqueña a la vez que la devaluó, de tal manera que un peso puertorriqueño valía sesenta centavos norteamericanos. En otras palabras, el dinero de los puertorriqueños perdió el cuarenta por ciento de su valor, empobreciéndolos aún más. Por otro lado, el 4 de marzo de 1901, el Congreso estadounidense aprobó la Ley Hollander que, además de otorgarle a Puerto Rico el derecho de tener un Comisionado Residente sin voto alguno ante el Congreso estadounidense, agravó aún más la situación económica de los agricultores locales mediante la imposición de impuestos adicionales. Los más beneficiados de esta situación fueron los bancos, ya que comenzaron un negocio lucrativo basado en la emisión de préstamos con tasas de interés sumamente altas. Como resultado, el sector agrícola se vio afectado al no poder cumplir con los términos de los préstamos, resultando en cesiones masivas de fincas a los bancos en pago de su deuda. Eventualmente, el banco vendía estos terrenos, a menudo a intereses azucareros, para recuperar el restante de la deuda. Esto fomentó una economía agrícola de monocultivo, destruyendo toda esperanza de una industria diversa. El motivo principal siempre fue la rentabilidad de la azúcar refinada:
Los inversionistas estadounidenses reemplazaron la mayoría de los inversionistas europeos en la isla. Inmensas centrales azucareras, como la Guánica Central y la Fajardo Sugar, se fueron estableciendo. El aumento en el precio de la azúcar en los mercados mundiales y la inversión de capital hicieron de Puerto Rico uno de los productores principales de azúcar a nivel internacional. No obstante, la industria azucarera requería una gran cantidad de obreros que recibían un trato similar a la que recibían los esclavos.
Podemos colegir que desde entonces comenzó un patrón que se mantendría hasta el presente día: intereses capitalistas foráneas llegan a Puerto Rico, establecen sus negocios y perciben ganancias inmensas que no rinden grandes beneficios a la población local. Esta fórmula le sirvió muy bien a los dueños ausentes de las grandes azucareras mientras la clase obrera puertorriqueña vivía en plena miseria. Bailey Wallys Diffie proveyó una descripción acertada cuando en 1931 escribió lo siguiente:
Nada ha sido más decepcionante o engañoso para Porto Rico que la industria azucarera. Un vistazo superficial a la producción apiramidada [de azúcar], medida en toneladas y dólares, la ha hecho parecer una cascada de riquezas. Los millones [de dólares] generados de la [venta de] azúcar ha redundado en una impresión falsa de un Porto Rico próspero, cuando en realidad la mayoría de las personas en la isla se ven obligadas a asumir mayores cantidades de deuda. Esto ya es conocido. La industria no le pertenece a los locales, sino a extranjeros. Las ganancias no son percibidas por aquellas personas que las generan, sino por aquellos que ni visitan a Porto Rico. Ahora conocemos que los salarios, que en su forma agragada ascienden a grandes cantidades, son realmente inadecuados para el auto sustento. La azúcar ha usurpado las tierras fértiles de los valles, suplantando la siembra de alimentos. Los intereses azucareros se han apoderado de la legislatura, el Negociado de Asuntos Insulares y aportó en agravar la situación de las personas para que no pudieran sobrevivir por sí solos. No importa cuan agradable aparente la industria azucarera a los ojos de terceros, los puertorriqueños saben que no ha valido la pena. Se puede concluir que una “economía azucarera” es realmente una “economía mala” para Porto Rico. 
La industria azucarera es solo uno de varios ejemplos de cómo intereses capitalistas han utilizado a Puerto Rico, reduciéndolo a una propiedad a ser explotada hasta su agotamiento. Es más, la misma población puertorriqueña ha sido administrado para maximizar las ganancias de dichos intereses. Un ejemplo de esto es cuando alrededor de un tercio de las mujeres puertorriqueñas fueron esterilizadas para “...fomentar el crecimiento económico y atender el desempleo coetáneo a una depresión económica. Tanto el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica como el sector privado apoyaron la iniciativa.” Como vemos, Puerto Rico se convirtió en una “cosa” a emplearse en el cumplimiento del mayor de los objetivos capitalistas: el lucro.
 
AGOTADA
 
La condición económica actual de Puerto Rico es el resultado de políticas contributivas y créditos contributivos que han hecho del archipiélago un destino muy atractivo para inversionistas extranjeros. La legislación más importante sobre el tema es el Jones-Stafroth Act del 1917. Dicha ley es medular para entender la crisis actual ya que, además de obligar a Puerto Rico a usar la marina mercante estadounidense para transportar bienes a Estados Unidos, la sección tres de dicha ley dispone que Puerto Rico podrá emitir bonos triple exentos de impuestos. Es decir, el Congreso estadounidense decidió hace más de cien años darle a Puerto Rico la opción de emitir bonos sobre los cuales no puede cobrar impuestos. Curiosamente, este hecho queda fuera de la mayoría de las discusiones sobre el tema.
 
Por otro lado, la Sección 936 del Código de Rentas Internas de Estados Unidos estableció en 1976 que las empresas capitalistas estadounidenses quedarían exentas de pagar impuestos federales de ingresos generados en Puerto Rico. Esta exención contributiva se convirtió en un elemento indispensable de la economía puertorriqueña ya que fungió como un imán para inversionistas estadounidenses. Para que una empresa estadounidense se beneficiara de este incentivo solo era necesario que estableciera una subsidiaria para que ésta le cediera sus ganancias en forma de dividendos. Además, varias leyes locales incentivaban créditos contributivos agresivos que favorecían intereses capitalistas exteriores.
A lo largo de la historia económica moderna de Puerto Rico, uno de los motores económicos centrales ha sido el Código de Restas Internas de Estados Unidos. Por más de ochenta años el gobierno federal otorgó varios incentivos contributivos a corporaciones estadounidenses que operaban en Puerto Rico en aras de fomentar la industrialización de la isla [sic] […] Además de la sección 936, el Código de Rentas Internas de Puerto Rico otorgó incentivos contributivos significativos para que empresas estadounidenses establecieran subsidiarias en la isla. Las leyes contributivas en Puerto Rico permitían que una subsidiaria dedujera el 100% de los dividendos pagados su corporación matriz siempre y cuando el 80% de sus acciones estuvieran en manos extranjeras. Es decir, las subsidiarias puertorriqueñas no pagaban impuestos sobre ingresos siempre y cuando sus ganancias fuera distribuido como dividendos. 
Algunos resaltarán que en 1996 el Presidente de Estados Unidos Bill Clinton firmó una legislación que eliminaría paulatinamente los beneficios de la sección 936 hasta eliminarlos completamente para el 2006, exponiendo a las subsidiarias puertorriqueñas a las mismas cargas contributivas de cualquier otra subsidiaria foránea. No obstante, esto no presentó ser un gran alivio para Puerto Rico ya que el 2006 marcó el comienzo de una tendencia de decrecimiento de su producto interno bruto (PIB).
 
Para intentar remediar la situación económica y fiscal de Puerto Rico, varias medidas antipáticas han sido puestas en vigor: despidos masivos, aumentos en el costo de los servicios públicos y la implementación del impuesto sobre ventas más alto de Estados Unidos. Es en este contexto de gravedad económica que el Congreso estadounidense decide promulgar PROMESA (HR5278), una ley que, además de permitir la reducción del salario mínimo de personas entre las edades de 20 a 24 años a tan solo $4.25, establece una junta de control fiscal que de facto desplazaría al gobierno de Puerto Rico y tendría la capacidad de invalidar sus decisiones. Aún más importante, la junta tendría la autoridad de re-estructurar la deuda de Puerto Rico, afectando la vida de millones de personas sin la obligación de tomarlas en consideración. Seríamos meros espectadores en este asunto, aunque es nuestro futuro lo que está en juego. Esencialmente, PROMESA es la quintaesencia del capitalismo, ya que permite que un puñado de personas decidan entre ellos el futuro del resto de nosotros; no hay promesa más nefasta que esa.
 

Andrew Mercado-Vázquez es un estudiante de derecho en San Juan y un miembro del grupo de Democracy at Work's Puerto Rico Action Group (d@w-PRAG). Contacto: elpractiongroup@gmail.com

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